La
semana pasada, Peaches Geldof, la hija de Bob Geldof, publicó en su cuenta en Twitter los
nombres de dos mujeres cuyos hijos habían sido abusados sexualmente por Ian Watkins, cantante de la banda Lostprophets. Un
juez músico calificó de «pedófilo determinado y convencido» al músico, que
reconoció un intento de violación del bebé de una de sus fans, además de su
culpabilidad en varios delitos sexuales. Al compartir la identidad de dos de
las madres con sus 168.000 seguidores en Twitter, la joven vulneró la legislación penal británica que
protege celosamente la información relativa a investigaciones y juicios en
curso.
Geldof borró los «tuits» y los nombres,
que había encontrado en una página web, y pidió disculpas: «La próxima vez verificaré los hechos antes de tuitear, disculpas,
lección aprendida», dijo. La policía del sur de Gales, responsable de
la investigación del caso Watkins, llevó los comentarios en la red social de
microblogging a la fiscalía británica para estudiar si existía un delito de
desacato al tribunal, aplicable por igual en la realidad «real» y en la
virtual.
El año
pasado, nueve personas fueron procesadas por publicar en Twitter o Facebook la
identidad de la víctima de violación por el exjugador de
fútbol del Sheffield United, Ched Evans. Los
nueve aseguraron desconocer que estaban cometiendo un delito. Más
recientemente, un hombre ha recibido una condena de prisión suspendida (por lo
que no deberá pasar por la cárcel) por publicar en Twitter y Facebook imágenes
de los asesinos del niño James Bulger.
No
es un «Gran Hermano»
Para
intentar prevenir situaciones como esta y garantizar la existencia de «juicios
justos», el fiscal general Dominic Grieve ha
anunciado que publicará a partir de hoy en su página web y su cuenta en Twitter
recomendaciones sobre el uso de las redes sociales en relación a
investigaciones policiales y procesos judiciales, que hasta ahora extendían
solo a los medios de comunicación.
Las
redes sociales permiten a un individuo alcanzar a miles de personas con un solo
tuit o comentario, ha explicado Grieve. «Es una posibilidad emocionante, pero
puede plantear ciertos retos al sistema de justicia penal», cree, en un
escenario en el que ciertos individuos tienen más seguidores que los grandes
medios de comunicación.
«En
el pasado solo los medios de comunicación de masas podían transmitir
información relativa a un juicio a un grupo tan amplio de personas que podía
comprometer el proceso judicial, ahora es diferente. No
pretendemos decir a la gente lo que puede o no decir en las redes sociales, al
revés, está diseñado para facilitar los comentarios de forma legal»,
ha aclarado.
La
norma más simple que recomienda es «no comentar» sobre juicios en curso, ha
dicho Grieve. Además, hay gente que realiza comentarios bajo los efectos del
alcohol o en «estados emocionales», ha reconocido. E insiste en que su afán es
más pedagógico que procesal. «Esto no es una especie de Big Brother que
vigila», destaca. Aún así, su decisión ha sido recibida con aprensión por
algunos.
Por
ejemplo, el diario «The Independent» recoge la noticia en su
portada impresa de este miércoles bajo el titular «Guerra en Twitter». El especialista judicial de la BBC, Clive Coleman, lo ve con más naturalidad: «Hay un
malentendido público de que internet es de alguna manera una zona de libertad
de expresión en la que no aplican las leyes penales y civiles; eso es lo que se
está corrigiendo», defiende.
Fuente:
ABC.es
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