No son muchas las empresas en España
—por ahora— que se dediquen al borrado de información o de enlaces en internet, pero sí son suficientes. «A veces se nos puede confundir con censuradores
de la red, pero no significa que vayamos a borrar cualquier
cosa», reconoce Samuel Parra, director de ePrivacidad. Los casos que les llegan son muy diversos: empresas, particulares,
antiguos personajes de la prensa rosa que han cambiado de vida y… políticos.
Los recursos extrajudiciales —un simple aviso para que se borre cierta
información—, los judiciales o incluso los medios técnicos —como la creación de
nuevos contenidos para que la información perjudicial no aparezca hasta la
quinta página de resultados del buscador— son algunas de las herramientas que
utilizan estas empresas.
«Nosotros tenemos
un código ético en el que hay ciertos asuntos que no queremos coger.
Casos que creemos que la gente debe poder encontrarlos y enterarse». Son esos
en los que el derecho a la intimidad o a la privacidad no se ve envuelto. «Se
trata de personas que han cometido un delito muy grave y consideramos que la
gente debe saberlo, pero la mayoría de los casos no son así», dice Parra. Los
ciudadanos anónimos que se ven afectados por informaciones que permanecen en
internet son muchos.
Uno de estos casos comenzó cuando
una menor de tan solo 11 años empezaba a manejarse en internet. Nada que ningún
joven no sepa hoy: redes sociales, páginas de entretenimiento, buscadores... Y
la curiosidad, cómo no, le llevó a introducir el nombre de sus familiares más
directos en Google. Hasta que metió el de su abuelo y los resultados la alarmaron. No entendía todo lo que
ponía, pero sí ciertas palabras: impago, desahucio. Era información de los años
80 que había sido publicada en diversos boletines después de que su abuelo
tuviera algunos problemas con la Agencia Tributaria. Aunque el problema ya se había
resuelto, seguía apareciendo en posiciones destacadas del buscador. Y la niña
comenzó a hacer preguntas incómodas.
Este es solo uno de los casos que en
ePrivacidad, empresa dedicada al borrado de información de internet, se ha
encontrado en los últimos años. Ha sido un goteo de unas 7 u 8 peticiones
diarias hasta que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obligaba a Google a eliminar de la lista de resultados los enlaces de
páginas web que contengan información relativa a una persona si el afectado lo
solicita. En cinco días, y tras la avalancha de información en los medios, la
empresa ha pasado a tener unas 300-400 peticiones. «La gente
sabía que había información sobre ellos que querían eliminar, pero no sabían
que eso se podía hacer», explica.
Quién no se ha encontrado alguna vez
con algún contenido que no quisiera borrar. La facilidad de meter un nombre en un buscador y mirar los resultados es
tal que incluso ha surgido una nueva problemática entre los jóvenes: a la hora
de buscar trabajo, los entrevistadores incluyen preguntas acerca de sus multas
de tráfico o algún otro problema legal surgido en años anteriores. «Vamos, que
por motivos diversos tienen problemas para encontrar trabajo
y quieren eliminar esas referencias», dice Parra. Pero hay situaciones aún más
delicadas. Según cuenta Javier Álvarez, abogado miembro de borramisdatos.es, están en auge los casos en los que aparecen
fotografías íntimas hechas para —o con— una pareja y son publicadas una vez se
ha acabado la relación.
¿Cuánto puede tardar esa información
en estar fuera de
circulación? Todo depende. Desde en el mismo día, si es un solo
enlace y un caso “fácil”, hasta nunca. «Si el servidor está fuera de la Unión
Europea o en servidores que estén en el este, hay veces que no lo conseguimos
nunca, pero dentro de la Unión Europea suele ser relativamente rápido», cuenta
Álvarez.
Los políticos,
el punto polémico
La sentencia del TJUE ha sido clave
en este sentido, ya que existían muchos casos que habían recurrido a la vía
judicial y que se encontraban paralizados a la espera de la sentencia. Pero
también ha abierto un debate: ¿Podrían los políticos
beneficiarse de esto?
Ya antes de la sentencia, diversos
políticos habían recurrido a estos servicios: «Hemos recibido peticiones de
políticos que consideraban que determinada información les perjudicaba, pero
ante esto la negativa es inmediata. La jurisprudencia viene a decir que el interés público prevalece», dice Álvarez, cuya
empresa se centra en las vías judiciales.
Samuel Parra coincide. «En el caso
de los políticos la información es prácticamente imborrable. En estas
ocasiones, nosotros creamos nuevos contenidos en internet y los posicionamos
por encima del contenido que ellos quieren eliminar y que suele aparecer en los
primeros resultados del buscador. De esta manera, cuando buscas su nombre, te
van a aparecer dos o tres páginas del buscador con contenido creado por
nosotros. Te tienes que ir muy lejos para encontrar algo diferente», explica.
Pero Diego Sánchez, presidente de Eliminalia, una empresa de borrado de datos especializada en políticos y empresas, es
radicalmente opuesto. «No se puede hacer así. Nos ha llegado gente llorando por
ese problema. Google es un buscador muy potente y es muy difícil engañarlo»,
dice. «Nosotros garantizamos el borrado bajo notario, y si los contenidos no se
borran devolvemos el dinero», llega a asegurar.
El año pasado, 220 politicos y 7
entidades bancarias nacionales e internacionales recurrieron a su empresa.
Entre la información que querían hacer desaparecer se incluye la dirección de
familiares, su teléfono particular o el nombre de la escuela de sus hijos.
Datos que prefieren mantener en su ámbito privado. Pero también había artículos
periodísticos publicados con «un titular desafortunado» o
una sentencia desfavorable. «También algunos tienen negocios
privados que no interesa que se sepan o que se pueden malinterpretar».
Aunque Sánchez no revela sus métodos
de «borrado», explica que en el ámbito interno de la empresa funcionan con
empleados situados «en dos fronteras». «Sabemos a qué tipo de empleado le
podemos pedir algo y al que no». Si, por ejemplo, uno de ellos se ha visto
perjudicado por la estafa de las preferentes y una entidad bancaria recurre a
sus servicios para que eliminen cierta información al respecto, no será a ese
empleado a quien le pidan que lo haga.
«También ha habido casos que no hemos querido coger, de gente que se ve
que es mala y sobre la que borrar esa información significa que esa persona
vuelva a hacer lo mismo, como un estafador. Si borras su información, puede
volver a hacer lo mismo», explica Sánchez.
Sin embargo, no todas las empresas
piensan igual, como en el caso de borramisdatos.es o ePrivacidad, en donde
aseguran que en esos casos el borrado es ilegal.
Además, Samuel Parra explica que la nueva sentencia no se lo pone más fácil a
los políticos. «Lo único que se ha hecho es decirle a Google que aplique
nuestra política de protección de datos, pero ese derecho tiene muchos límites
y a un político, por su relevancia pública, jamás se le va a conceder». Ni
siquiera ocurriría con las personas anónimas que han cometido delitos salvo que
hayan cumplido la pena y les hayan cancelado los antecedentes, dice.
La prueba de que en ningún caso la
sentencia es una «barra libre», según el experto, es
que el año pasado la Agencia de Protección de Datos redujo hasta en un 50 por
ciento el número de estimaciones de tutela para casos de borrado de información
de buscadores. «Antes, en 2010, la gente acudía porque el buscador no eliminaba
algo y la Agencia casi siempre lo estimaba. Pero en 2013 cambió su criterio»,
asegura. «No se puede transmitir la idea de que esto va a ser la puerta abierta
a corruptos, asesinos y violadores para desaparecer de internet».
Fuente: ABC.es
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