Francisco Javier
«Jimmy» Romero Taboada, de 43 años, murió este fin de semana después de caer al
río Manzanares tras
una pelea campal entre hinchas del Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña.
«Jimmy» era miembro de «Los Suaves», la sección más ultra de la peña Riazor
Blues. Detuvieron a 21 personas implicadas en la reyerta del domingo, que
pasaron a disposición judicial. Este martes, el juez de Instrucción número 34
de Madrid otorgó libertad con cargos a los 21 detenidos, con la obligación de
comparecer dos días al mes.
En la investigación policial se ha barajado la hipótesis de que los
ultras habían concertado una pelea vía menajería en las inmediaciones del Estadio Vicente
Calderón. Una reyerta que se fue de las manos. El ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, señaló en una entrevista en Onda Cero,
que los hinchas habían concertado la cita a través de mensajería
instantánea. «A mí me consta que el Ministerio del Interior está
haciendo una labor de vigilancia preventiva en las redes sociales para
determinar el nivel de riesgo de un partido, pero, en este caso, las citas de estos grupos se han llevado mediante 'WhatsApp',
que es más difícil de seguir», dijo.
Para determinar esto, los cuerpos de seguridad
tendrían que hacer una análisis de las conversaciones mantenidas por los
implicados. Ángel Flores Alviz, Teniente de la Guardia Civil de la
Unidad Técnica de la Policía Judicial, explica a ABC que para obtener esta
información es necesaria una orden judicial.
«Las fuerzas policiales
necesitan, obligatoriamente, una orden judicial para poder revisar
el contenido de las conversaciones de WhatsApp de los
implicados en una investigación. Sin esta orden, nos es imposible obtener
dichas conversaciones», explica.
Flores Alviz señala que una vez que existe una
orden judicial, el acusado está «obligado a ofrecer dicha
información».
Por otra parte, aunque los implicados tengan que
hacer entrega del móvil, podrían borrar las conversaciones. Para llegar a
ellas, las fuerzas de seguridad deben hacer un esfuerzo extra. «Si se produjera
el borrado de chats y registros de conversaciones, sería necesario un completo
análisis forense del terminal, con el objetivo de intentar encontrar
dichas conversaciones», explica Flores Alviz, del departamento de Análisis
Criminal del Grupo de Delitos Tecnológicos. El análisis forense es la aplicación de software y técnicas informática para dar
con la información almacenada en el móvil.
Por otra parte, en muchos casos, es necesaria la
colaboración de la empresa que gestiona la aplicación, es decir
WhatsApp, propiedad de Facebook.
Flores Alviz señala en caso de requerir datos de
una empresa extranjera como WhatsApp, las autoridades deben acogerse a las comisiones rogatorias judiciales internacionales. «El problema es el tiempo. Estas comisiones
rogatorias retardan las investigaciones, contraponiendo la necesidad
inmediata de conocer el contenido de dichas conversaciones, como en
el caso que nos ocupa», señala en cuanto al caso de la muerte de «Jimmy» en
la reyerta.
Fuente: ABC.es
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