La memoria es frágil, pero si se enfrenta al
olvido tiene muchas posibilidades de ganar. En una sentencia que se intuye
histórica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallará
este martes [la sentencia se conocerá en torno a las 9.30 horas] acerca de si Google debe retirar o no enlaces a informaciones publicadas y
que un ciudadano considere que le perjudican, en el llamado «derecho al olvido» que defiende España.
En cualquier caso, la justicia europea sentará
las bases para aplicar la normativa de protección de datos a
los buscadores de internet al resolver una reclamación por parte de
un ciudadano español que denunció al gigante de internet, con sede en Mountain View
(California), de seguir indexando sus datos personales.
Este proceso tiene su punto de partida en la
denuncia presentada por Mario Costeja, perito
caligráfico de 59 años, que pidió a Google la retirada de un anuncio de subasta
por un
impago contra él registrado en 1998. Este caso ha acabado en un litigio entre
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la
compañía de internet.
Este español denunció que un periódico de tirada
nacional, «La Vanguardia», había publicado dos anuncios relativos a una
subasta de inmuebles relacionada con un embargo ocasionado por una
deuda contraída con la Seguridad Social. Tras digitalizarse la página, el denunciante pidió al diario que retirara una información
al alegar que una vez introducido su nombre en el buscador aparecería una referencia
a estos anuncios y, al considerar que la deuda contraída ya estaba resuelta,
carecía por tanto de relevancia.
«Aquí no hay favor o en contra.
Yo no voy en contra de Google. Yo iba a hacer una reclamación
puntual de un tema. Google, después de la rueda, es el mejor invento que hay,
pero debe haber una serie de cortapisas y unas leyes que protejan a los
usuarios», ha explicado al diario ABC el propio Mario Costeja, quien considera
que este caso supondrá una instauración de una normativa que permita que «lo que vale fuera de internet que valga dentro también»
y, por tanto, «que las normas de juego estén claras».
Tras una serie de dimes y diretes, en junio del
año pasado el abogado general del TJUE, Niilo Jääskinen,
consideró que Google no es el
responsable de los datos personales que incluyen determinadas páginas web a las que remite su
buscador y que, por tanto, no tiene obligación alguna de eliminar información
legítima hecha pública porque atentaría contra la libertad de
expresión.
En ese sentido, Google ha defendido siempre
que no puede ejercer censura y que, ante esta situación, lo que el
afectado debe hacer es ir a la fuente (diario, blogs o determinadas páginas
webs) y solicitarles que retiren los datos.
«No entendemos por qué si una
información es lícita y verdadera tiene que desaparecer de un buscador,
cuando nosotros solo somos
reflejo de lo que se publica en internet», señalaron fuentes de la empresa a ABC en
Junio de 2013. En cualquier caso, la sentencia presumiblemente sentará
jurisprudencia en el contexto europeo.
Fuente: ABC.es
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